LA ÉTICA EN EL PERÚ
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ESTIMADO ESTUDIANTE VAMOS A CONOCER:
El Municipio Escolar como el espacio democrático donde los estudiantes pueden participar en la solución de los asuntos públicos de la escuela; además, es el canal ideal para accionar su responsabilidad ciudadana cómo estudiantes; sin embargo, no es la única. Y A ESTUDIAR la ética en la vida política y analizar temas vinculados a situaciones de corrupción en algunos funcionarios públicos. A partir de esto, podrán tener algunas ideas para proponer cómo debería ser el perfil ético de sus representantes en el Municipio Escolar.
QUÉ ES LA ÉTICA
La ética estudia qué es un acto moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral, y cómo se ha de aplicar posteriormente a nivel individual y a nivel social. En la vida cotidiana constituye una reflexión sobre el hecho moral,es decir busca las razones que justifican la adopción de un sistema moral u otro.
Una doctrina ética elabora y verifica afirmaciones o juicios determinados. Una sentencia ética, juicio moral o declaración normativa es una afirmación que contendrá términos tales como “bueno”, “malo”, “correcto”, “incorrecto”, “obligatorio”, “permitido”, etc., referidos a una acción, a una decisión o incluso contendrá a las intenciones de quien actúa o decide algo. Cuando se emplean sentencias éticas se está valorando moralmente a personas, situaciones, o acciones. Se establecen juicios morales cuando, por ejemplo, se dice: “Ese hombre es malo”, “no se debe matar”, etc. En estas declaraciones aparecen los términos “malo”, “no se debe”, etc., que implican valoraciones de tipo moral.
ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Principios, valores y normatividad
Tanto en el Código de Ética de la Función Pública
como en la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, en la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y en otras normas, se aprecia claramente la
voluntad de que el proceso de modernización de la gestión del Estado se oriente
bajo principios y valores éticos. Así, la Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, cuyo objeto es “establecer los principios y la base legal
para iniciar el proceso de modernización de la gestión del Estado”, trata temas
vinculados con los principios y valores éticos que deben inspirar este proceso.
Según la Ley Marco de Modernización de la Gestión
del Estado, la finalidad del proceso de modernización es alcanzar un Estado:
a) Al servicio de la ciudadanía
b) Con canales efectivos de participación ciudadana
c)
Descentralizado y desconcentrado
d) Transparente en su gestión
e) Con servidores públicos calificados y
adecuadamente remunerados
f) Fiscalmente equilibrado
En la misma línea que la norma anterior, la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo señala que este Poder se sustenta en los
siguientes principios:
Ø Principio
de Servicio al Ciudadano, según el cual, las entidades que conforman este Poder
están al servicio de las personas y de la sociedad, por lo que deben asegurar
que su actividad se realice con arreglo a eficacia, eficiencia, simplicidad,
sostenibilidad ambiental, predictibilidad, continuidad, rendición de cuentas,
prevención y celeridad.
Ø Principio
de Inclusión y Equidad, promoviendo la incorporación económica, social,
política y cultural de los grupos sociales excluidos y vulnerables y de las
personas con discapacidad, así como la igualdad de todas las personas en el
acceso a las oportunidades y beneficios que se derivan de la prestación de los
servicios y la actividad pública en general.
Ø Principio
de Participación y Transparencia, conforme al cual, las personas tienen derecho
a vigilar y participar en la gestión del Poder Ejecutivo, de acuerdo a los
procedimientos establecidos por ley, por lo que sus entidades deben actuar de
manera que las personas tengan acceso a información. Principio de Organización
e Integración, según el cual, las entidades que conforman el Poder Ejecutivo
deben evitar la duplicidad y superposición de funciones y coordinar y cooperar
de manera continua y permanente con los gobiernos regionales y locales.
Por su parte, el Código de Ética de la Función
Pública establece que los principios a los que debe sujetar su actuación el
servidor público son: respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad,
lealtad y obediencia, justicia y equidad y lealtad al Estado.
El Código
establece también los deberes de la función pública, las prohibiciones éticas
de los empleados públicos y las definiciones que deberán tomarse en cuenta para
la aplicación del Código y su Reglamento.
La ética
pública es definida como “el desempeño de los empleados públicos basado en la
observancia de valores, principios y deberes que garantizan el profesionalismo
y la eficacia en el ejercicio de la función pública” la que, a su vez, es
definida como “toda actividad temporal o permanente, remunerada u ordinaria,
realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la
Administración Pública en cualquiera de sus niveles jerárquicos”.
A través de una directiva, se han establecido los
lineamientos para la promoción del Código de Ética de la Función Pública en las
entidades que conforman el Poder Ejecutivo. Allí se señala que la promoción de
este Código está a cargo de la Secretaría General de cada institución o quien
haga sus veces. Se dispone la conformación de Grupos de Trabajo para el Fomento
de la Ética, encargados de difundir el Código al interior de cada dependencia y
se indican las actividades que deberán desarrollarse con ese objeto:
- Entregar a cada servidor público, cualquiera sea la modalidad de su contratación, un ejemplar del Código y su Reglamento, junto con una declaración que confirme que ha leído dichas normas y se compromete a observarlas. Igual deberá procederse con cada nuevo servidor público.
- Colocar en el periódico o panel informativo y en zonas visibles de cada oficina un impreso con los principales contenidos del Código y su Reglamento, según modelo adjunto a la Directiva.
- Un link en el portal web de la entidad con los principales contenidos del Código y su Reglamento, así como las versiones íntegras de ambos.
- Jornadas informativas y de socialización trimestrales sobre la importancia del Código y las sanciones que acarrea su incumplimiento.
Los graves problemas de corrupción que enfrenta el
Estado peruano no parecen ser entonces producto de vacíos normativos, por lo
menos en el campo de la regulación de la ética pública, dado que este es un
tema que está presente en muchas normas. Los problemas parecieran derivarse más
bien, aunque no exclusivamente, del desconocimiento de las normas, de su falta
de cumplimiento y/o de la ausencia o ineficacia de los procedimientos
sancionadores, entre otras causas, ya que siendo la corrupción un fenómeno tan
complejo, también lo son los factores que lo propician. Si bien lo normativo es
solo un aspecto, es necesario contar con mecanismos que hagan efectivos los
procedimientos y las sanciones que deben aplicarse a quienes incumplen las
normas, más aún si se trata de actos de corrupción que afectan a las personas y
deterioran la imagen del Estado. Son tareas que deben cumplirse, aunque
resulten insuficientes. También se requiere una mayor difusión de la
normatividad sobre la materia para lograr cambios en el comportamiento de los
servidores y funcionarios públicos. Para ese efecto, podría ser de utilidad la
aplicación de incentivos y estímulos para quienes cumplan con las normas y
disposiciones del Código de Ética y para los que desarrollen actividades
innovadoras para su difusión, posibilidad esta última que está prevista en el reglamento
del citado Código. Esa disposición se concreta a través de directivas emitidas
por la Presidencia del Consejo, de las cuales se compromete a reconocer
anualmente a las instituciones y funcionarios y funcionarias que hayan
desarrollado actividades innovadoras para la promoción del Código de Ética de
la Función Pública y en la lucha contra la corrupción. Por su parte, y desde la
sociedad civil, Ciudadanos al Día, una entidad privada sin fines de lucro,
viene entregando desde el año 2005 el premio a las Buenas Prácticas en Gestión
Pública, como reconocimiento a aquellas instituciones de la administración
pública que hayan presentado las mejores prácticas e iniciativas innovadoras
orientadas a brindar un mejor servicio a las personas, que puedan ser seguidas
por otras instituciones.
Zamora Leclére, J. (2013). Ética de la función pública y buen gobierno. Mesa de Concertación
para la Lucha contra la Pobreza. Lima. Consulta: 26 de mayo de 2016. Recuperado
de http://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/etica_de_la_funcion_publica_y_buen_gobierno_0.pdf
RESPONDE AQUÍ https://docs.google.com/document/d/13aDSd23amGCn_60FtozWcY8DxArKnvByCVrSXWXEy7U/edit?usp=sharing
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